El miércoles será discutida y aprobada, sobre la base de que México necesita fortalecer el sector energético desde una perspectiva de soberanía nacional, el acceso igualitario a la energía, la estabilidad financiera, el combate frontal a la corrupción y la implementación de las mejores prácticas, señala la comisión en una nota.
El dictamen plantea una radicalización en la defensa de la soberanía sobre ese sector estratégico, como exigir a permisionarios un almacenamiento mínimo de hidrocarburos; establecer la figura de negativa en solicitudes de permiso para importar y exportar, así como transportar y vender hidrocarburos.
Agrega a esas restricciones la revocación de los permisos en caso de reincidencia en el incumplimiento de la legislación; combate al robo de combustibles y la suspensión de licencias por peligro inminente para la seguridad nacional, la energética o la economía.
La nota de la comisión explica que al demandar el almacenamiento de hidrocarburos, se regula la normatividad vigente en la materia, emitida en 2017, además de que se fortalecen los incentivos para que los nuevos comercializadores y distribuidores de gasolinas, diésel y turbosina, inviertan en infraestructura.
Esto es de extrema relevancia en razón de que se mitiga el riesgo de escasez de los petrolíferos y se garantiza la continuidad de las actividades económicas en el país, reduciendo el impacto de una emergencia nacional sea por circunstancias locales o internacionales, indica el texto.
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