‘La Cancillería comunica que, según información recibida de las autoridades italianas, el ciudadano panameño Adolfo de Obarrio Manzini se mantiene detenido desde la noche del 7 de abril en una cárcel de la ciudad de Milano’, fue el escueto mensaje emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
‘De Obarrio Manzini era buscado por la justicia de Panamá desde 2019. Los agentes de la Brigada Móvil Milanesa, encabezada por Marco Calì, por iniciativa de la División Interpol del Servicio de Cooperación Policial Internacional, identificaron al hombre gracias al informe que llegó al centro de operaciones’, informó la Policía en Milán.
Por su parte, el corresponsal de Radio Panamá en Italia, Joan Solés, quien reportó este jueves la acción policial, ofreció detalles del parte, el cual aseveró que ‘el ciudadano ítalo-panameño de 39 años, Adolfo De Obarrio, fue detenido en una calle cerca de su alojamiento’, después de un seguimiento de varios días.
La nota periodística precisó que están a la espera de saber cuál será el proceder de la justicia italiana, ya que el detenido tiene desde 2019 una solicitud para su extradición a Panamá por un caso de presunto lavado de dinero.
‘Es posible que los fiscales (italianos) que en su momento investigaron el fraude de Finmeccanica (también relacionado con Panamá) quieran interrogarle’, dijo el periodista, quien explicó que también las autoridades pudieran enviarlo inmediatamente a la nación istmeña.
En el 2013 ambas naciones suscribieron un tratado de extradición, convertido en Ley en 2016, mediante el cual ‘los países firmantes se comprometen a extraditar a la otra parte, las personas que se encuentren en su territorio y que sean buscadas por el Estado requirente a fin de dar curso a un procedimiento penal o de ejecutar una condena definitiva’.
Al exsecretario presidencial se le acusa de recibir el pago de sobornos de empresarios a cambio de la adjudicación de contratos públicos relacionados con programas de ayudas para la compra de material escolar, delito por el cual la ley panameña prevé una pena máxima de 12 años de prisión.
De Obarrio y Abraham Williams, entonces jefe de compras del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), no se presentaron a juicio en esta capital y un tribunal ordenó su detención por los supuestos delitos de peculado, corrupción de servidores públicos y fraude.
Rafael Guardia Jaén, exdirector del PAN, los señaló a ambos como únicos responsables directos de los posibles sobrecostos en la adquisición de mochilas escolares, por un monto de 12,5 millones de dólares, que es el estimado de la lesión patrimonial al Estado.
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