El Mecanismo Residual Internacional para Tribunales Penales señaló que los fugitivos Protais Mpiranya y Phenéas Munyarugarama murieron en 2006 en Zimbabwe y 2002 en la República Democrática del Congo, respectivamente.
Sin embargo, los restos de otro fugitivo, Augustin Bizimana, del que se dijo que había muerto en 2000, fueron aparentemente descubiertos en Pointe-Noire, Congo, en 2020.
Los países deberían cooperar para que se juzgue a todos los sospechosos del genocidio de 1994, expresó Jean Damascene Ndabirora Kalinda, representante legal de Ibuka, la organización que aglutina a los supervivientes.
«La muerte es algo natural; no podemos detenerla. Pero estas personas se anuncian muertas después de décadas de espera y búsqueda para que los supervivientes puedan obtener justicia», explicó Kalinda en una entrevista telefónica con el portal The New Times.
Es injusto que mueran inocentes porque la justicia se retrase en juzgarlos, añadió el abogado al referirse a la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948, conocida como la Convención sobre el Genocidio.
Claramente esas naciones, a las que no mencionó, están fallando a los supervivientes en materia de justicia, y es vergonzoso.
A continuación pidió a la comunidad internacional para que lleve ante la justicia a los fugitivos del genocidio que viven en sus países.
Me duele que no se hiciera justicia antes de su muerte, comentó por su parte Gaspard Mukwiye, un superviviente de la localidad de Bugesera, donde Munyarugarama fue el líder de varios asesinatos a juzgar por sus acusadores.
«Es muy doloroso porque si se le juzgara, sabríamos cómo fueron asesinados nuestros seres queridos», manifestó Mukwiye.
Los cuatro principales fugitivos restantes, por los que se ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por cada uno, son Fulgence Kayishema, que fue visto por última vez en Sudáfrica, Aloys Ndimbati, Charles Rwandikayo y Charles Sikubwabo.
Todos ellos fueron remitidos a los tribunales ruandeses como parte de la estrategia de cierre de la corte internacional, bajo supervisión de la Organización de Naciones Unidas, que mantiene el mandato de darles caza.
El casi exterminio de la población tutsi comenzó el 6 de abril de 1994 y en los 100 días posteriores perecieron de 800 mil a un millón de ruandeses.
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