Los 10 parlamentarios con un mandato aún en activo señalaron que el actual contexto no es idóneo pues no se dan las condiciones para garantizar su implementación.
La población haitiana debe absorber el documento para que la justicia se sienta más cómoda en la ejecución de su tarea, expresaron en un documento enviado al Consejo de Ministros.
En junio de 2020, el presidente asesinado Jovenel Moïse aprobó por decreto el nuevo código penal, e indicó entonces que debía entrar en vigor en 2022, aunque antes podría ser vetado por el Parlamento.
Sin embargo, desde enero de 2020 vencieron los mandatos de todos los diputados y de dos tercios de los senadores, mientras el magnicidio pospuso de manera indefinida los comicios que deberían elegir al presidente y los legisladores.
La ordenanza fue objeto de numerosas críticas por presuntamente permitir amnistía a acusados de corrupción, delitos políticos y financieros, y el sector religioso deploró la supuesta amoralidad del código, que despenaliza el aborto y prohíbe la discriminación por orientación sexual.
El documento también introduce una variedad de sentencias alternativas al encarcelamiento, establece nuevas instituciones, funciones y atribuciones al comisionado del gobierno y fija la mayoría criminal a partir de los 13 años.
A finales de abril la Asociación Nacional de Magistrados Haitianos solicitó al Gobierno de Ariel Henry posponer por al menos dos años la entrada en vigor de la ley o desestimarla hasta que expertos puedan analizar sus consecuencias legales.
Por su parte, otras voces señalan que el primer ministro no cuenta con las prerrogativas para desatender un decreto presidencial, pues no forma parte de las funciones de un jefe de Gobierno.
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