A cargo de la Usina de Percepción Ciudadana, resaltó la negativa mayoritaria de los consultados a un proyecto del oficialista partido de los militares Cabildo Abierto de pasar a reclusión domiciliaria a homicidas, torturadores y secuestradores durante los años de 1973 a 1985.
Entre los restantes entrevistados un 13 por ciento estuvo algo de acuerdo, 9.0 algo en desacuerdo, 3.0 totalmente en desacuerdo y un 7.0 no respondió.
A su vez un 58 por ciento de los ciudadanos consideró insuficientes las medidas del Estado para conocer lo sucedido con los detenidos desaparecidos, mientras un 14 por ciento planteó desconocer las medidas, el 18 dijo que fueron suficientes y 11 totalmente.
La indagación se realizó en la semana previa a la vuelta multitudinaria en las calles el 20 de Mayo de la tradicional Marcha del Silencio bajo la consigna central de “dónde están?, la verdad sigue secuestrada, es responsabilidad del Estado”.
El colectivo Madres y Familiares de las 197 víctimas cuyo destino permanece oculto, por un pacto militar, reiteraron su reclamo a los Poderes del Estado de exigir a los exrepresores contribuir a la verdad con lo que saben.
Al concluir la Marcha, el exsenador del Frente Amplio, entre otros referentes, instaron en declaraciones públicas al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a impedir que prospere en el Parlamento, la iniciativa de Cabildo Abierto.
Malestar provocó en Madres y Familiares, que meses atrás el mandatario recibiera a un comité que impulsa el traslado a domicilios de represores de 65 años o más de edad, a quienes presenta como “prisioneros políticos”.
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