Por Hugo Rius
Corresponsal de Prensa Latina en Uruguay
Ya ese camino se recorrió bajo la presidencia de otro Lacalle, Herrera, del Partido Nacional en 1990-1995 y en mandato de Colorado en 2002, mediante una carta-compromiso firmada entre el Estado uruguayo y el Fondo Monetario Internacional que involucró una multinacional francesa y una firma española.
Sin embargo la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, que agrupaba a organizaciones sociales, en 2004 presentó más de 200 mil firmas para que la ciudadanía decidiera en plebiscito si el Estado debería ser quien tenga en sus manos la gestión del agua potable y saneamiento.
El resultado fue contundente con un 64,6 por ciento de votos afirmativos, consagratorios de esos derechos humanos fundamentales y constitucionales.
De igual forma el intento de privatización de los combustibles terminó con un estruendoso resultado adverso en las urnas.
Pese a tal antecedente, la llegada al poder en 2020 de la coalición electoral de partidos de derechas -encabezado por el presidente Luis Lacalle Pou-, emprendió una política calificada por opositores de restauración conservadora y orientación neoliberal.
Según el senador del Frente Amplio Daniel Caggiani, “como una gota de agua que cae metódicamente sobre la piedra y la va desgastando hasta perforarla, igual avanzó en el trato a las empresas públicas: recortes de presupuesto, desinversión y suministro inadecuado”.
En su opinión lo respalda una agenda discursiva de debilitamiento de lo público, en una estrategia para desmantelar las empresas del Estado.
PROYECTO NEPTUNO
Ahora la perspectiva de privatizar el agua se enmarca en un denominado proyecto Neptuno, supuesto a garantizar el abastecimiento de toda el área metropolitana de Montevideo para décadas por delante.
De acuerdo a lo que se conoce, consistiría en la instalación de una planta de potabilización y bombeo de agua potable, con un reservorio de agua dulce, entre el balneario de Arazatí y el de Boca del Cufré, al margen del Río de la Plata.
Tendrá un costo de 280 millones de dólares en la construcción de la planta, y de mil 60 millones de dólares en el largo plazo, tomando en cuenta la ulterior operación de la planta.
Este proyecto no surgió de la iniciativa estatal, sino a partir de las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast, y para críticos parece articularse con la vuelta en 2020 a la Gerencia General de la Obras Sanitarias del Estado (OSE) de Arturo Castagnino, quien ocupó ese cargo desde 1991 hasta 2005.
Ante la designación por el actual gobierno a uno de los promotores de Neptuno, Caggiani formuló entonces la siguiente pregunta: ¿será que no se pudo concretar en los ´90 y se vuelve a intentar?
En el seno de OSE el director por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, enfatizó en la trascendencia del proyecto al señalar que la empresa pública “atraviesa una difícil situación y está en riesgo su futuro y del servicio de abastecimiento de agua potable en el país”.
Aseguró que OSE “se encuentra en un contexto de recortes presupuestales y debilitamiento general plasmado en la reducción de funcionarios, en un 25 por ciento, y un recorte de inversiones por 240 millones de dólares”, con respecto a la administración pasada.
A este respecto Ortuño consignó que la idea del anterior gobierno frenteamplista era la construcción con menor costo de una represa sobre el arroyo Casupá que desemboca en el río Santa Lucía, en el vecino departamento Canelones, un proyecto ya encaminado cuando asumió la presidencia Lacalle Pou.
El expresidente Tabaré Vázquez le planteó a su sucesor darle continuidad como “política de Estado”, lo cual finalmente no sucedió, pese a que en opinión del propio presidente de OSE, Raúl Montero, “está en ventaja en cuanto a plazos y montos” frente al proyecto Neptuno.
Según el director en representación del FA, la opción Neptuno supone que OSE compre agua potabilizada a un privado, lo cual rechaza “categóricamente” por “ser inconstitucional y contrario al pronunciamiento ciudadano resultante del Plebiscito sobre el agua en el año 2004”.
ALTERNATIVA MÁS CONVENIENTE
Tampoco dudó en expresar que “surge en forma clara y contundente que la alternativa más conveniente es realizar la gestión pública de la producción de agua potable por parte de OSE que es lo que sabe hacer, para lo cual cuenta con 70 años de especificidad técnica y mandato legal”.
Ante la inminente privatización del agua en perspectiva, la federación sindical de trabajadores de la empresa (Ffose) decidió comenzar una campaña pública en oposición al proyecto Neptuno, una de las grandes inversiones anunciadas e impulsadas por el gobierno.
El eje central de la discusión que se avecina es la constitucionalidad de la nueva toma de agua y la planta potabilizadora a instalarse sobre el Río de la Plata, en la zona de Arazatí, San José, ya que el Poder Ejecutivo manifestó su intención de otorgar a un privado no solo la construcción sino también la operación a largo plazo de esa infraestructura.
La gremial se reunió con el presidente de la central sindical Pit-Cnt, Marcelo Abdala, en pos de que la oposición a Neptuno pase a formar parte de su plataforma de reivindicaciones y se incorpore a los reclamos.
La Mesa Representativa del Pit-Cnt formalizará ese respaldo el 2 de junio, mientras el ministro de Ambiente, Andrés Peña, pospone un prometido anuncio sobre la ejecución de un proyecto que abrirá debates y probablemente el camino de las urnas en consulta ciudadana.
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