El declive de esta etapa, sumado al impacto de la crisis sanitaria como resultado de la Covid-19 y la consecuente reducción de la entrada de remesas, que representan un 30 por ciento del producto interno bruto (PIB), acentuaron la contracción.
“A eso se agrega la inseguridad que provocó el cierre de varios negocios durante el 2021 y 2022 por la acción de las pandillas, que controlan más del 60 por ciento del territorio nacional. Estos factores afectan mucho la economía del país”, dijo a Orbe el financista Jean Jores Pierre.
Es en este contexto que el Gobierno decidió adoptar una nueva ley de finanzas -después de tres años de presupuestos rectificativos-, con una dotación de tres mil millones de gourdes.
El paquete está destinado para hacer frente a la inflación mediante la apertura de programas sociales, así como la reconstrucción del sur peninsular, devastado por un terremoto de 7,2 de magnitud.
El presupuesto es crucial para una nación donde más del 50 por ciento de los ciudadanos viven por debajo de la línea de la pobreza y cerca del 70 por ciento de la población activa no cuenta con empleos formales; sin embargo, Pierre cuestiona la capacidad del Gobierno para implementarlo.
“No disminuirá el nivel de pobreza ni la inseguridad, que es resultado de la degradada situación social”, aseguró Jores, quien desde 2009 colabora con la Plataforma Haitiana para la Defensa de un Desarrollo Alternativo.
Expertos coinciden en que es necesario un crecimiento de al menos el seis por ciento para paliar la grave crisis económica y frenar la depreciación del gourde, que perdió casi un 50 por ciento de su valor desde 2018, además de un considerable aumento de la inversión en renglones claves como la agricultura y la construcción.
“El sector agrícola actualmente provee más del 20 por ciento del PIB de Haití. Si recibe apoyo del Gobierno, va a incidir mucho en la economía, porque emplea al 50 por ciento de los trabajadores, y no recibe financiación estatal”, dijo Jores a esta publicación.
Pero antes es fundamental invertir en una eficiente red de carreteras que permita la transportación de mercancías y personas, así como en la esfera energética, de la cual se beneficia solo el 30 por ciento de la población.
Potenciar la inversión extranjera, reducir el contrabando fronterizo que cada año drena hasta 600 millones de dólares al Estado, y establecer un sistema de financiamiento que permita acceder al crédito tanto a grandes empresarios como a pequeños comerciantes, son difíciles retos a corto y mediano plazo para la nación caribeña, si antes no pone fin a la cíclica inestabilidad política y la inseguridad.
(Tomado de Orbe)
