El exmandatario regional tiene pendiente numerosos cargos por peculado, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito y se le acusa también de haber robado más de 100 millones de pesos (cinco millones de dólares) durante su gobierno en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
La entrega por parte de las autoridades estadounidenses se realizó ayer y ya la Fiscalía General de la República (FGR) lo entregó a la de Chihuahua para que sea juzgado y condenado allí.
La Secretaría de Relaciones Exteriores y la FGR, en un comunicado, informaron que Duarte fue extraditado por Estados Unidos.
El reo será puesto a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, de dicha entidad, en virtud de que fue quien el 8 de octubre de 2019 libró la orden de aprehensión en contra del reclamado y ante el cual se iniciará el proceso penal correspondiente.
Lo primero que Duarte tendrá que justificar es una transferencia aparentemente ilícita de más de 96 millones de pesos (casi cinco millones de dólares) entre 2011 y 2015 a empresas con sede en Chihuahua de las cuales era accionista.
Gobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Duarte administró Chihuahua de 2010 a 2016, y fue detenido en Miami en julio de 2020 por el Servicio de Alguaciles Federales, y a lo largo de estos meses sus abogados tramitaron diversos recursos en busca de impedir su extradición a México.
Pero en los últimos días la justicia estadounidense rechazó otorgarle un habeas corpus, que le permitiría continuar litigando la legalidad de su entrega al gobierno mexicano, luego que una jueza de Florida determinó que la solicitud de extradición cumplía con los requisitos del Tratado entre ambas naciones.
Duarte Jáquez enfrentará además de las acusaciones por delitos del fuero común, un proceso penal por el peculado electoral relacionado con el presunto desvío de alrededor de otros 70 millones de pesos (tres millones 500 mil dólares) entregados a candidatos del PRI para las elecciones de 2015 en el estado de Chihuahua.
En el ámbito federal tiene pendiente de ejecución una orden de captura librada en julio de 2017 por haber retenido ilegalmente parte de los salarios de trabajadores estatales y entregar los recursos a los candidatos del PRI.
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