Este lunes, Indepaz señaló que desde el 7 de agosto de 2018 hasta el 4 de este mes fueron asesinados en el país 930 líderes sociales y defensores de los derechos humanos, de ellos 126 mujeres, y que perdieron la vida 245 exguerrilleros, firmantes del Acuerdo de Paz en proceso de reincorporación, incluidas 11 féminas.
En el período citado fueron perpetradas 261 masacres con saldo de mil 114 víctimas, indicó el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz.
Ante esta información, el consejero presidencial para los Derechos Humanos, Jefferson Mena, señaló que «con las cifras de homicidios de líderes sociales no se juega» y que la «protección y garantías de los derechos de los líderes y defensores es una prioridad para este Gobierno», según la revista Semana.
En una contrarréplica, Indepaz manifestó estar de acuerdo conque con «en este delicado problema de las cifras de asesinato de líderes sociales ni se juega ni se puede actuar a la ligera».
Por ello, dijo, es importante retomar el diálogo con la Consejería para los Derechos Humanos, de modo que la información sirva para revisar políticas, planes de acción y medidas para prevenir la violencia contra líderes y comunidades en Colombia.
Recordó que la representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, expresó que «sería un error creer frente a lo que está ocurriendo en el país que el objetivo principal es acordar cifras».
«Lo importante es prevenir los asesinatos, ataques y amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, se trate de 10, 20 o 100 casos. Cada amenaza, cada ataque, cada asesinato contra los defensores tiene como objetivo acallar su labor y esto cercena la democracia y el Estado de derecho», señaló De Rivero.
Indepaz destacó que su información tiene como base las denuncias y registros de organizaciones sociales, fuentes oficiales y medios de comunicación y todos los registros son previamente confirmados.
Aseguró que «en su autonomía, ha mantenido comunicación con varias entidades del Estado y del Gobierno para el intercambio de información e incluso para hacer ajustes en los registros» y mencionó a la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Especial de Investigaciones y la Defensoría del Pueblo, de la cual toma especial nota de las Alertas Tempranas.
Finalmente invitó a Jefferson Mena a conversar sobre las anteriores anotaciones y a revisar con el Observatorio de Indepaz la totalidad de su base de datos.
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