Los demandantes, entre los que se incluyen las organizaciones Care4Calais y Detention Action, y cuatro refugiados a punto de ser deportados, cuestionaron la legalidad de la decisión anunciada días atrás por la ministra del Interior, Priti Patel.
El controvertido plan diseñado por Londres contempla que quienes lleguen al Reino Unido de forma ilegal a través del canal de La Mancha serán deportados a Ruanda, donde permanecerán en campamentos de refugiados mientras las autoridades de inmigración británicas tramitan sus solicitudes.
La semana pasada, Patel anunció que el primer vuelo con 90 migrantes saldrá con destino a Kigali el martes próximo, mientras que el primer ministro Boris Johnson dijo que el gobierno conservador está preparado para lidiar con los abogados “izquierdistas” que pretenden frenar las deportaciones.
El subdirector de Detenction Action, James Wilson, advirtió, sin embargo, que la ministra del Interior pretendía pasar por alto las violaciones de los derechos humanos y los muchos peligros a los estarán expuestos los solicitantes de asilo.
El secretario general del PCS, Mark Serwotka, apuntó, por su parte, que el plan es ilegal, y el gobierno debe responder por ello ante la justicia.
El PCS está decidido a trabajar para crear un ambiente más humano para el asilo y la inmigración, ya que eso le daría a nuestros afiliados el tiempo, el espacio y los recursos necesarios para realizar su trabajo de forma adecuada y mejorar la experiencia de los refugiados, aseguró el líder del segundo mayor sindicato del Reino Unido.
Más de 160 organizaciones benéficas, humanitarias y religiosas británicas, además de varios diputados opositores y del partido gobernante también exigen al gobierno que dé marcha atrás al proyecto, por considerarlo inhumano.
La mayoría cuestiona también la legalidad, funcionalidad y eficacia del plan ideado por Londres para tratar de frenar la ola de migrantes que cruzan el canal de La Mancha a bordo de botes de goma y otras embarcaciones endebles en busca de asilo en el Reino Unido.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados también acusó a Londres de pretender “exportar” sus obligaciones de brindar asilo, y lo instó a desechar la idea.
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