García se lo transmitió a representantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y los diputados del Frente Amplio, Carlos Rodríguez y Macaela Melgar, quienes plantearon originalmente recurrir a ese recurso.
Se trata de un procedimiento de uso bastante habitual para hacer un estudio topográfico en la eventualidad de poder ver que se hayan realizado cierto tipo de excavaciones en algunos predios militares.
Rodríguez explicó que es una tecnología usada en Argentina, México y en algunos momentos también en Uruguay y Melgar detalló que funciona a través de láseres, vuela en un dron o avión y reconoce irregularidades del terreno que mejora la especificidad de la búsqueda del enterramiento.
El ministro dijo que lo aceptaba pero a cargo de la Fuerza Área Uruguaya, antes que una empresa privada extranjera hiciera los vuelos y los mapeos de las unidades militares, “en un concepto de defensa y seguridad”.
Desde el fin de la dictadura en 1985 sólo se pudieron localizar restos de cuatro detenidos desaparecidos en bases militares en los que funcionaron centros de torturas.
El colectivo Madres y Familiares de esas víctimas sostiene la convicción de que las instituciones castrenses cumplen un pacto de silencio sobre destino de los opositores a la dictadura de 1973 a 1985 asesinados en el marco de la represiva Operación Cóndor.
jha/hr
