En un comunicado declaró que “el país no necesita mega proyectos para los mallas oro”, como llama el presidente Luis Lacalle Pou a enriquecidos empresarios exportadores, “sino lo que necesita es un Fondo Nacional de Vivienda”.
Fucvam reclamó una política de Estado «para resolver las 70 mil unidades habitacionales en déficit que padecemos y también erradicar con soluciones dignas la situación de los llamados asentamientos irregulares».
La Presidencia de la República autorizó a la empresa Jirkel SA crear una isla artificial de 36 hectáreas para un mega proyecto inmobiliario con un puerto deportivo para 300 embarcaciones que implicaría una inversión de dos mil 300 millones de dólares.
Pero el director de Planificación de Montevideo, Luis Oreggioni, lo rechazó por presentar “un fuerte peligro” para la vida comercial de la ciudad y “es perjudicial para el desarrollo montevideano”, y la misma intendenta, Carolina Cosse lo tildó de “agujero negro”.
A su vez Sociedad Uruguaya de Arquitectos advirtió con fundamentos urbanísticos y ambientales que lejos de solucionar los problemas de Montevideo, “puede empeorarlos y generar otros”.
Molestos por estas negativas, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el ministro de Obras Públicas, José Luis Falero, anunciaron la intención de trasladar el proyecto para el litoral del vecino departamento de Canelones.
Allí su intendente, Yamandú Orsi, criticó con dureza la información de una futura inversión semejante sin mostrar el debido estudio para pronunciarse. A todas estas, consultado por la prensa, el ministro de Ambiente, Andrés Peña, señaló que no tiene sobre la mesa ni una línea del proyecto, aparentemente complejo para el área a su cargo.
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