Ante el Consejo de Derechos Humanos del máximo organismo mundial, Bachelet, llamó a las autoridades militares a abstenerse de dar un paso tan regresivo. También reiteró sobre los hallazgos de su oficina respecto a los abusos de los golpistas, y los calificó de criminales de guerra y pidió que rindan cuentas por esas acciones.
El ejército de Myanmar tomó el poder el 1 de febrero del 2021, tras derrocar al gobierno civil y arrestó a su líder, Aung San Suu Kyi, y desde entonces, mantiene una continua represión contra los disidentes.
Para este mes, la junta programó las ejecuciones de un exdiputado por el partido de Suu Kyi y de un activista por la democracia.
Según datos de ONU, la violencia posterior al golpe provocó el desplazamiento de más de un millón de personas y cerca de 14 millones de ciudadanos necesitan asistencia humanitaria urgente.
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