El presidente de la central sindical uruguaya Pit-Cnt, Marcelo Abdala, ratificó una batalla de manifestaciones en las calles hasta esa fecha en defensa de los Consejos de Salarios y la negociación colectiva.
Denunció que el Gobierno impulsa un proyecto de reforma de ese proceso que en la apariencia de cumplir los dictámenes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) implica un retroceso sumamente peligroso en las relaciones laborales, lo que “es llevar a la práctica el discurso patronal”.
También advirtió del objetivo gubernamental de una reforma de la seguridad social regresiva para los trabajadores.
Al comenzar la semana el sindicato policial uruguayo marchó hasta la sede del Poder Ejecutivo en reclamo de un aumento salarial del 22 por ciento y otras reivindicaciones en salud mental y viviendas.
Planteado previamente al Ministerio del Interior, pasó a la cartera de Economía encargada de presentar las cifras presupuestales de la Rendición de Cuentas este mes al Parlamento.
En la jornada siguiente, miles de trabajadores de la enseñanza y estudiantes de Uruguay marcharon en reclamo de más presupuesto, recuperación salarial y contra la persecución sindical.
Convocados por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza (CSEU), demandaron mejoras para la educación, que experimentó una reducción de 80 millones de dólares y significó para los docentes pérdida salarial del 8.0 por ciento, deterioro de condiciones laborales y de aprendizaje y aumento de inseguridad alimentaria.
En otro momento de protesta, la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP) reiteró que el personal busca recuperar el 6.0 de sus emolumentos perdidos y más recursos humanos y presupuestos para mejorar las condiciones laborales y la calidad de atención a los pacientes.
Por su parte, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, detuvo actividades ante la falta de avance de las negociaciones con el Poder ejecutivo, con el reclamo de la recuperación del salario perdido y el ingreso de personal.
En tanto el sindicato de las Telecomunicaciones (Sutel) de Uruguay rechazó un decreto de la Presidencia de la República que desmonopoliza a la empresa estatal Antel mediante la autorización a cinco firmas privadas de cable a vender servicios a canales de televisión nacionales.
Sutel se declaró en sesión permanente para analizar los pasos a dar para evitar que se continúe con estas “políticas destructivas” impulsadas por la administración del gobierno de coalición de derecha, en línea con “un modelo neoliberal y privatizador”, que atenta contra la soberanía del pueblo.
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