Para muchos la escena del máximo órgano judicial encerrado es una muestra de cuán desconectados están los jueces del sentimiento público, o al menos los seis conservadores.
Desde que el diario Politico divulgó a principios de mayo el borrador filtrado con el proyecto de decisión contra el aborto, cientos de personas salieron a las calles a protestar, incluso a las afueras de las casas de los miembros de la corte.
El Congreso aprobó el martes pasado una legislación para reforzar la seguridad de los nueve jueces, aunque los legisladores no incluyeron protecciones para las familias de los secretarios y otros empleados del tribunal debido a la oposición republicana.
La valla de 2,4 metros de altura volvió a las afueras del tribunal a raíz de las manifestaciones contra el documento filtrado que revocaría la histórica decisión conocida como Roe vs Wade, la cual estableció el derecho constitucional al aborto en Estados Unidos, en 1973.
En aquel momento el tribunal escuchó los argumentos de Jane Roe -pseudónimo de Norma McCorvey- quien intentó abortar en Texas, pero el fiscal Henry Wade se lo impidió y ella dio a luz antes de la sentencia del Supremo a su favor.
La actual postura del poder judicial contrasta con la opinión de aproximadamente el 70 por ciento de los adultos estadounidenses, para quienes la decisión de abortar debe dejarse en manos de la mujer embarazada y de su médico, reveló una encuesta de ABC News/Washington Post.
La anulación de Roe vs Wade tendría lugar en medio de una ola conservadora que pretende restringir la interrupción de embarazos en el país.
En Texas, desde septiembre de 2021, entró en vigor una normativa que prohíbe realizar el procedimiento a partir de las seis semanas de gestación, cuando muchas féminas ni siquiera saben todavía de su condición.
Además, el año pasado se presentaron proyectos con un lenguaje similar o idéntico al de Texas en Alabama, Florida, Missouri, Ohio y Mississippi.
Precisamente los reclamos contra una norma impuesta contra el aborto en Mississippi llegaron a la máxima instancia judicial, que deberá anunciar en las próximas semanas su decisión sobre la constitucionalidad de la medida.
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