Tras un Consejo de Ministros el miércoles, el Ejecutivo decidió prorrogar su aplicación otros dos años, lo cual permitirá el análisis de la ordenanza, reveló el medio.
La ley penal fue polémica desde su divulgación con masivas protestas del sector religioso, mientras varios gremios expresaron sus reservas por presuntamente permitir la amnistía a acusados de corrupción, delitos políticos y financieros.
En fecha más reciente las principales críticas se centraron en la falta de condiciones para su puesta en vigor, el poco análisis del texto por expertos y la ausencia de consulta popular.
El código penal fue resultado de varias décadas de estudio de analistas para modificar el cuerpo de leyes vigente, que data de 1835, y durmió varios años engavetado en el Parlamento.
La víspera, el Senado reiteró su negativa a aplicar la ley, que debía entrar en vigor mañana, e insistió en que aún la población no tuvo tiempo de “absorber” el documento.
Por su parte, la Federación Protestante cuestionó su aplicación en momentos en que el país experimenta un vacío constitucional con la disfunción del Parlamento y la ausencia de presidente, y aseveró que la ley entra en conflicto con los valores morales y culturales de la nación.
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