La Coordinadora del sector de los combustibles marcó el paso con un paro en favor de la estatal Administración Nacional (Ancap) y ante políticas que llevan a la asfixia financiera, según denunció la dirigente gremialista Laura Martínez.
“Rechazamos que el Estado le asigne recursos e infraestructura a algunos privados para que incrementen sus ganancias”, subrayó, al referirse a acciones contra el organismo gestor de los combustibles.
Trabajadores uruguayos de las comunicaciones se movilizaron también con 24 horas de paro, contra privatizaciones de servicios de cables de televisión que consideran un asalto a la soberanía.
El sindicato de la empresa estatal Antel, por sus siglas Sutel, decidió esta medida en protesta contra la desmonopolización del ente, mediante una resolución del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en favor de cinco firmas privadas. Desde el opositor Frente Amplio su presidente Fernando Pereira expresó que no hay informes que justifiquen la medida cuando “Uruguay tiene estatalmente un mercado que es de los mejores del mundo en cableado para acceder a internet”.
Por segundo día consecutivo en la semana, calles de esta capital y de su Plaza de la Independencia fueron escenarios de manifestaciones sindicales por reclamos salariales al gobierno y la reanudación de negociación colectiva,.
A su vez el Ministerio de Trabajo de Uruguay informó de un nuevo aumento de trabajadores acogidos al seguro de paro por pérdidas de empleos hasta un total de más de 48 mil al concluir mayo.
Entretanto una encuesta sobre el desempeño del presidente Luis Lacalle y del Gobierno en materia de seguridad arrojó un 62 por ciento de descontentos al concluir el segundo trimestre de 2022 y un 17 por ciento más en comparación con idéntico lapso previo del año.
Una confirmación del porqué de ese creciente malestar fue el miedo a salir después de las 18:00, hora local, de los vecinos en la barriada capitalina Peñarol, de lo que su alcaldesa, Leticia de Torres, dio cuenta ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia del Parlamento.
Ellos se quejan de “la falta de personal y de patrulleros” policiales y reclaman que se ataque donde realmente están las llamadas bocas, expendios de drogas, “donde está el problema», desencadenador de violencia entre bandas de narcotraficantes y drogadictos que cometen asaltos y robos.
Al concluir la semana, colectivos de madres uruguayas reclamaron frente al Parlamento una ley de prevención y rehabilitación por drogas y una participación más activa del Estado en cuanto al consumo de sustancias prohibidas.
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