Hace poco volvió a negar en una de sus frecuentes conferencias de prensa que junto a su pareja, la ministra de vivienda, Irene Moreira, la titular con más patrimonio, y su suegro, Roque Moreira, poseen familiarmente cuatro mil 350 hectáreas de tierras.
En sus intervenciones lo desmintió y sostuvo que la atribución de colono tuvo como motivo la campaña por la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), protagonizada por el movimiento sindical, organizaciones sociales y el Frente Amplio.
Sin embargo el director frenteamplista en el Instituto de Colonización (INC), Andrés Berterreche corroboró la condición de propietario de Manini, de acuerdo con un informe del departamento jurídico de la entidad pública.
Aun así votó en el Senado una modificación a la legislación que permitía poseer colonias sin residir en ellas, de lo que se convirtió en beneficiario directo, y recibió reproches éticos en medios de comunicación.
El exgeneral alegó que décadas atrás el INC desclasificó esas tierras por inundables para el programa de distribución a familias de trabajadores rurales y las vendió al coronel retirado Roque Moreira, el suegro.
Por el contrario en el Ministerio de Defensa se conserva un documento donde luce firmada la compra de un campo en el departamento Artigas afectado a colonización aceptando los servicios técnicos el INC, en 1973, el año de la entronización de la dictadura cívico-militar.
En artículo titulado “El dilema existencial de la condición de colono de Manini”, la revista Caras y Caretas avizoró que el tema puede derivarse al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, un mecanismo que toma años en expedirse, y “habrá que ver cómo impacta en su carrera política”.
Al aproximarse el pre electoral año 2023, Manini, integrante del gobierno de coalición de derecha, ya proyectó la intención de postularse por el partido de los militares, por segunda vez, a la presidencia de la República.
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