Una ley aprobada por unanimidad en su conjunto, gravará por dos meses a quienes cobren nominalmente de tres mil dólares en adelante, incluidos jubilaciones, pensiones, retiros militares y policiales.
Quedará exento el personal de salud que trabaja directa o indirectamente en la asistencia de pacientes, dada su exposición al contagio de la Covid-19, enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2.
El senador comunista Óscar Andrade ejemplificó su discrepancia puntual mediante la pregunta de por qué el gerente de la agencia estatal Antel tiene que aportar, mientras no debe hacerlo el de una multinacional de telecomunicaciones.
Los legisladores frenteamplistas pidieron la contribución de los privados, al igual que en otro momento hizo el Partido Colorado que integra la coalición gobernante.
De igual modo propugnaron, sin éxito, dada la posición mayoritaria contraria de la derecha, de que los uruguayos poseedores de ocho mil millones de dólares en el exterior también aporten.
Andrade subrayó la urgencia de atender la situación de decenas de miles de familias sin trabajo por razones de desempleo o motivos sanitarios porque numerosas áreas económicas y de servicios están afectadas y además hay muchas tensiones en el sector de la salud.
El también senador Alejandro Sánchez señaló que el error de la legislación aprobada radica en que se le pide a los trabajadores, ‘pero no al más rico’.
En la Cámara de Representantes la discusión entre la bancada frenteamplista y la oficialista encabezada por Partido Nacional fue similar y para el diputado opositor Sebastián Valdomir se llegó a deliberar sobre este impuesto porque ‘la estrategia del gobierno para combatir la pandemia fracasó’.
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