No hay dudas de que el proyecto de ley sobre el protocolo norirlandés viola el derecho internacional, declaró el diplomático a la televisora Sky News, en alusión a la legislación presentada al Parlamento por el Ejecutivo liderado por el primer ministro conservador Boris Johnson.
En opinión de Berger, los diputados británicos, que ya dieron un primer visto bueno al controvertido proyecto de ley, pese a la oposición de los laboristas y de varios conservadores, deberían estar preocupados por las implicaciones legales de esa decisión.
Lo mejor sería volver a la legalidad, y negociar soluciones prácticas y acertadas basadas en los términos establecidos por el acuerdo posbrexit, afirmó el embajador germano en esta capital, tras advertir que la Unión Europea (UE) está lista para dialogar, pero no descarta emprender acciones legales contra el Reino Unido en caso de que haga enmiendas al documento.
El protocolo fue la fórmula acordada por Londres y Bruselas para evitar una frontera física entre ambas Irlandas tras el divorcio, pero exige que todos los productos procedentes de Gran Bretaña sean sometidos a controles sanitarios y aduaneros antes de ingresar a esa provincia británica, para comprobar que cumplen con las regulaciones europeas.
El mecanismo es rechazado por los unionistas norirlandeses leales a la corona británica, quienes, en señal de protesta, se retiraron del gobierno que deben compartir con los republicanos desde la firma de los acuerdos de paz del Viernes Santo que en 1998 pusieron fin al conflicto armado en Irlanda del Norte.
Según las autoridades británicas, la razón principal para cambiar algunas partes del protocolo es la necesidad de preservar la estabilidad política en ese territorio.
Las declaraciones del embajador Berger coincidieron con la publicación este domingo en The Observer de un artículo escrito a cuatro manos por los cancilleres de Alemania e Irlanda, Annalena Baerbock y Simon Coveney, respectivamente.
No hay ninguna justificación legal o política para romper unilateralmente un tratado internacional que entró en vigor hace solo dos años, alertaron ambos funcionarios, quienes apuntaron que el proyecto de ley británico no resolverá el problema, sino que creará, pronosticaron, más incertidumbres, y dificultará la búsqueda de una solución duradera.
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