«Con gran pesar me entero del asesinato del firmante de la paz Ramiro Durán en Neiva, un líder comprometido con el territorio, con el diálogo y con el proceso de reincorporación», manifestó Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
El también representante del secretario general del organismo multilateral condenó el asesinato y reiteró la necesidad reforzar la seguridad de excombatientes y líderes de paz.
Para la concejala de Bogotá Heidy Sánchez, el gobierno de Iván Duque fue incapaz de dar una respuesta para proteger la vida de Durán así como de los exguerrilleros en proceso de reincorporación que fueron asesinados en estos últimos cuatro años.
«Hacer trizas la paz fue la única promesa de campaña que cumplió» el gobernante, manifestó Sánchez por medio de su cuenta en Twitter.
Por su parte, el también excombatiente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) Martín Batalla, manifestó que Durán, asesinado hoy por un francotirador en la finca de su familia, creyó en la paz, en el Acuerdo, en la sociedad colombiana y en la comunidad internacional.
«¿Hasta cuándo tendremos que seguir enterrando a nuestros firmantes comprometidos con la paz?», se preguntó.
El politólogo Cristian López, de la Universidad Nacional, señaló al conocer este crimen que la paz total urge en Colombia.
Recordó que Durán «cumplía con sus compromisos y le apostaba a la reconciliación en Colombia. Un líder joven y comprometido con el Acuerdo Final. Otro atentado que sucede ante la mirada indiferente del Estado».
Durán fue el último comandante del bloque sur de las antiguas FARC- EP y lideraba procesos productivos con exguerrilleros reintegrados a la vida civil.
De acuerdo con información del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, presuntamente fue atacado por un francotirador mientras se encontraba en su vivienda departiendo con más familiares.
De allí fue trasladado mal herido a un centro asistencial donde murió por la gravedad de las heridas.
Con él, suman 22 exguerrilleros, en proceso de reincorporación, asesinados desde enero de este año a la fecha y 321 desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
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