Echeverría fue un político controvertido a quien se le vinculó con las masacres de estudiantes del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco siendo secretario de Gobernación del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, y del 10 de junio de 1971 en calles de la Ciudad de México.
Precisamente por Tlatelolco fue investigado y llevado a juicio por genocidio, con base en la acusación integrada por la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), pero el caso concluyó judicialmente en 2009, con una resolución que lo exoneró.
La acusación de la Femospp señaló que Echeverría fue concebidor y preparador de manera intencional, con conocimiento de causa, en su calidad de secretario de Gobernación.
Estuvieron implicados otros funcionarios como el secretario de la Defensa, el jefe del Estado Mayor Presidencial, el director de Seguridad, el subdirector de esa dependencia y el presidente de la República.
Según la acusación de entonces, fraguó un plan para destruir de manera parcial al grupo nacional opositor al gobierno denominado Consejo Nacional de Huelga de estudiantes y simpatizantes del movimiento estudiantil de 1968, pero las pruebas no fueron suficientes y fue absuelto.
La resolución judicial mencionó que la Procuraduría General no pudo demostrar que Echeverría fuera presunto responsable de los hechos ni tan siquiera cómplice de Díaz Ordaz, pues no se presentó una sola prueba documental que lo demostrara.
Lo que sí está comprobado, señalan las dos resoluciones, es que con las pruebas aportadas por la autoridad ministerial, entre ellas el video Operación Galeana, “se concluye que había la intención del presidente de exterminar al grupo estudiantil”.
Lo anterior se robustece en una parte del Informe de gobierno pronunciado por Díaz Ordaz, en la que expresa: “asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política, histórica, por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado’ (1968)”.
Sobre el caso de 1971, una decisión judicial de 2005 puso fin a cualquier posibilidad de procesar penalmente en México a los responsables intelectuales y materiales de la matanza del 10 de junio en la avenida San Cosme y calles aledañas.
El entonces coronel Manuel Díaz fue enviado al Distrito Federal por orden de Echeverría. En el gobierno de la capital, el militar creó Los Halcones, grupo paramilitar financiado desde el gobierno central.
En septiembre de 2005, integrantes del Comité 68 Prolibertades Democráticas presentaron una queja ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Washington contra la impunidad que advertían en la investigación del caso en México.
Acusaron al Estado mexicano de negar sistemáticamente justicia en el caso del 10 de junio de 1971, perpetrado por Los Halcones, quienes masacraron a los participantes en una manifestación estudiantil pacífica.
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