Los activistas hicieron una declaración al pueblo y a los medios de comunicación desde la Casa del Presidente, exigiendo la renuncia de todos los ministros del Gabinete, viceministros y titulares de proyectos, secretarios y directivos de instituciones y corporaciones del Estado y embajadores, señaló el portal FT.
Debe establecerse un gobierno provisional que suscriba los objetivos y aspiraciones económicas, sociales y políticas de la «lucha del pueblo/Janatha Aragalaya» y debe establecerse un Consejo Popular con capacidad jurídica, a través del cual los representantes de la Janatha Aragalaya puedan mediar con el Gobierno provisional.
El plan pide una línea de acción urgente a corto plazo para aliviar a la población oprimida por la actual crisis económica y tratar un programa para el suministro y la distribución de artículos de primera necesidad, como alimentos y combustible y la provisión de instalaciones para la educación, sanidad, transporte público y la energía.
Asimismo, la cancelación de las deudas de las microfinanzas y de los agricultores y liberar a los manifestantes pacíficos bajo arresto, incluidos todos los presos políticos, y un programa para hacer justicia a las familias de las víctimas de asesinatos y desapariciones extrajudiciales.
Las medidas demandan afirmar el poder del pueblo con la reducción de los poderes ejecutivos del presidente, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el establecimiento de una nueva constitución que respalde la soberanía popular mediante un referéndum lo antes posible.
Igualmente, reconocer el derecho a la vida como fundamental y elecciones justas que contemplen la revocación de los representantes elegidos, así como permitir al pueblo participar en la elaboración y modificación de la ley.
También, abordar las limitaciones de la actual Constitución en materia de derechos humanos y de las mujeres y los niños y reforzarlos, además de respaldar el derecho a la educación y la salud.
Adoptar las medidas legales oportunas contra los responsables de violar el medio ambiente con la excusa del desarrollo y hacer obligatorio el enfoque científico cuando se tomen decisiones relativas al medio ambiente.
Erradicar el racismo y la opresión racial y reforzar los fundamentos jurídicos de la igualdad de religión, lengua, sexualidad y otras identidades culturales, la democracia y la libertad política.
El Gobierno provisional funcionaría por un periodo máximo de un año, durante el cual debe aprobarse la nueva Constitución y llevarse a cabo las mencionadas propuestas.
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