La organización de sobrevivientes de la masacre de Tlatelolco que atribuyen a Echeverría entonces secretario de Gobernación del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, lo acusan de ese genocidio de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, la matanza del 10 de junio de 1971 y la Guerra Sucia ya como presidente.
La muerte del exmandatario no borró el gesto de indignación de muchos rostros. No hizo que las víctimas de sus abusos bajaran el puño o dejaran de exigir justicia.
Su fallecimiento, a los 100 años de edad, no hizo que se apagara la exigencia de que sea juzgado y recordado como un “genocida”, describe La Jornada la reacción del Comité.
Sus coordinadores convocaron a una manifestación frente a la Puerta Mariana de Palacio Nacional para dejar clara su posición con respecto a este hecho con consignas como “2 de octubre, no se olvida. Es de lucha combativa”, “Ni perdón, ni olvido. Castigo a los asesinos”.
Ahí dieron lectura al comunicado del Comité 68 sobre la muerte del ex mandatario, a quien definieron como uno de los principales perpetradores del genocidio de Tlatelolco, la matanza de San Cosme en 1971, y la política terrorista con la Brigada Blanca ejecutora de la Guerra Sucia y miles de asesinadas y desaparecidas.
Acompañados de integrantes de organizaciones estudiantiles, sindicales y populares, los manifestantes recalcaron que pese a la política represiva y la impunidad sostenida, logramos se abriera un proceso penal contra Echeverría y otros en la Suprema Corte de Justicia que reconoció la comisión del delito de genocidio.
Los coordinadores recordaron que Echeverría pasó más de dos años en prisión domiciliaria, murió como imputado por el delito de genocidio. Es decir, nunca fue exonerado.
Se le dejó en libertad bajo las reservas de la ley y amparado desde 2009 por la inacción y argumentos leguleyos de la PGR, ahora Fiscalía General de la República.
Recalcaron que “la muerte de Echeverría no extingue la causa por un crimen de Estado. Exigimos la continuación de los procesos judiciales. La lista de perpetradores es conocida por todos y continúan gozando de la impunidad y la protección del poder político oficial”.
De igual forma, exigieron una reforma al sistema judicial “para que ningún crimen de Estado en contra del pueblo quede impune y jamás se vuelvan a cometer”, así como la extinción de dominio de los cuantiosos bienes de Echeverría para que sean aplicados en la reparación del daño en favor de las víctimas”.
Se lo hemos dicho al presidente (Andrés Manuel López Obrador), a las nuevas autoridades: esto no se olvida ni se olvidará. La justicia no cesa por dejar de existir. Seguimos en pie de lucha y no daremos ni un paso atrás”.
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