Signatarios del Acuerdo Montana, que reúne a cientos de organizaciones sociopolíticas, deploraron que supuestamente grupos armados utilizaron maquinaria estatal para destruir los hogares de los pobres.
Estos crímenes se cometen bajo la mirada de las autoridades, sin que estas acudan al rescate de la población para proteger sus vidas y bienes, lamentaron.
Los firmantes recordaron que las hostilidades tienen lugar mientras ya la población se enfrenta a una escasez artificial de combustible, que aumenta la miseria diaria. “Ya es hora de que este gobierno de facto, que no gestiona nada al frente del país, deje de asfixiar al pueblo haitiano”, escribieron.
El 8 de julio estalló una guerra entre la federación G-9 y aliados contra sus rivales del G-Pep por el control de Cité Soelil, un barrio pobre de la capital en el cual residen más de 277 mil personas.
Los enfrentamientos provocaron la muerte de unas 300 personas, mientras al menos 160 resultaron heridas, de acuerdo con el más reciente balance de la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (Rnddh).
La organización también culpó a las autoridades por presuntamente apoyar a uno de los bandos en conflicto con vistas a unas posibles elecciones.
Tal estrategia comenzó bajo la administración del asesinado presidente Jovenel Moïse y continúa con el primer ministro Ariel Henry, aseguró el coordinador de la Rnddh, Pierre Espérance.
Otro informe de Naciones Unidas denunció que del 8 al 12 de julio, al menos 234 personas murieron o sufrieron heridas durante los enfrentamientos, la mayoría de ellos civiles.
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