Yule, quien fue nombrado este martes por el presidente electo, Gustavo Petro, frente a esa entidad, explicó que la designación dada es precisamente una oficina donde se resuelven los problemas de las tierras que fueron arrebatadas por el conflicto armado a muchos campesinos.
Eso significa que para nosotros lograr el equilibrio y la armonía y la reconciliación de los colombianos tenemos que empezar precisamente por la reparación a las víctimas de la guerra y esta es una función muy importante: restituir las tierras que fueron arrebatadas, subrayó.
Colombia ha sufrido varios periodos de violencia, en los siglos XIX y XX, que aún persisten en la actual centuria y la mayoría se han dado por el problema de la tenencia de la tierra.
Ellos trajeron consigo pobreza aguda del campesinado y violencia estatal, factores que han conducido a que en muchas ocasiones los trabajadores del campo tomen las armas en defensa de sus vidas, bienestar social y económico y se mantenga el ciclo de la guerra.
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en su título IV capítulo II, del 2011 creó un procedimiento legal para restituir y formalizar la tierra de las víctimas del despojo y abandono forzoso presentados desde el 1 de enero de 1991 con ocasión del conflicto armado interno.
El procedimiento es mixto en cuanto se compone de una etapa administrativa (inscripción en el registro de tierras despojadas) y de un recurso judicial (acción de restitución).
Este martes, Petro también anunció que la lideresa social arhuaca Leonor Zalabata Torres será la nueva embajadora de Colombia ante la ONU; y Patricia Tobón, abogada embera y comisionada de la Verdad dirigirá la Unidad de Víctimas.
Los tres nombramientos fueron aplaudidos por diversos sectores e incluso organismos internacionales como la Oficina en Colombia de la Representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Para muchos expertos, de esta forma el próximo gobierno del Pacto Histórico comienza a dar cumplimiento a la participación de los distintos sectores sociales que lo conforman en la dirección de la política de Colombia, entre ellos los pueblos indígenas que son parte indisoluble de la nacionalidad colombiana.
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