Una declaración de la entidad destaca los valores del borrador de la Ley de leyes, porque los derechos humanos pasan a ser el eje articulador del cuerpo legal al plantear garantías en ese particular para todos los ciudadanos.
“Se establece de manera transversal y obligatoria el que todos los órganos y Poderes del Estado deben realizar su función con estricto apego al respeto de los derechos humanos”, apunta el documento.
Esa organización no gubernamental señaló que la propuesta de ley fundamental consiste en un avanzado documento que pondrá a Chile al nivel de los más avanzados estándares internacionales en materia de derechos humanos.
De ahí, precisa el texto, la importancia de acudir a las urnas y aprobar la propuesta, pues la opción contraria y el abstencionismo “retrasarán la paz social” a que aspiran la mayoría de los chilenos.
También “impedirá poner término a la transición a la Democracia, y al mismo tiempo, significará que el Estado de Chile seguirá incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos, incurriendo en responsabilidad internacional”.
La Cchdh agregó que en materia de reconocimiento a los derechos fundamentales, la iniciativa actualiza al Estado chileno respecto al cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas producto de la suscripción y ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos”.
El organismo destaca la institución de la Defensoría del Pueblo como paso decisivo hacia una nueva institucionalidad, el Derecho a la Memoria, y el deber del Estado de respetar y hacer cumplir el ejercicio de “la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición por las violaciones a los derechos humanos pasadas y futuras”.
Los resultados de una encuesta realizada por Plaza Pública Cadem reveló este lunes que disminuyó el apoyo a la opción del Apruebo de cara al plebiscito constitucional de Chile, previsto para el 4 de septiembre.
El sondeo, publicado en los principales medios del país austral, aseguró que solo el 38 por ciento de los chilenos apoya una nueva carta magna que sustituya la de 1980, redactada y aprobada por la Junta Militar del dictador Augusto Pinochet.
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