El pasado lunes el Consejo Superior del Poder Judicial anunció el fin del paro, tras la asamblea general de los jueces del Tribunal de Casación, la mayor instancia del gremio en el país, y las negociaciones con las autoridades.
Sin embargo, la inseguridad en Bicentenario, donde está situado el Tribunal de Primera Instancia en Puerto Príncipe, impidió la reanudación de las actividades habituales.
El presidente de la Red Nacional de Magistrados Haitianos, Ikeson Edume, advirtió a inicios de semana que regresar a la zona figuraba un gran riesgo para todos los actores, por lo que técnicamente continúan en paro.
‘Ni abogados, ni jueces, y menos los litigantes, quieren arriesgar su vida en un sector que se ha convertido en el epicentro de la inseguridad’, dijo el letrado a una estación radial.
La ola de violencia en Bicentenario, que conecta la capital con los departamentos del sur, creció de manera alarmante en los últimos años. Varias instituciones oficiales abandonaron el área y el Palacio de Justicia tuvo largos periodos cerrados por la inseguridad.
A inicios de marzo, un ataque armado contra la Empresa de Electricidad de Haití, situada muy cerca del Tribunal de Primera Instancia dejó un fallecido y un herido.
La zona se encuentra bajo la influencia de bandas armadas que de manera recurrente paralizan el tráfico, mientras la capital se queda incomunicada.
El pasado mes una operación policial en las inmediaciones costó la vida a cinco oficiales, cuyos cuerpos todavía están en manos de las bandas, y las pandillas confiscaron además dos tanques blindados.
El Gobierno continúa prometiendo combatir el fenómeno, y recientemente declaró un estado de emergencia en las zonas controladas por las organizaciones criminales.
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