Dicho proceso es aquel que permite revocar un acto de la administración que resulta perjudicial para el interés público, como lo fue el pago de más en pensiones para exlegisladores.
Con este se pretende eliminar el exceso de pago en el tope de las pensiones de 78 exdiputados quienes, a la fecha, reciben más dinero del establecido por Ley, algunos incluso por encima de los ocho millones de colones (unos 12 mil dólares).
Durante la conferencia de prensa posterior al habitual Consejo de Gobierno de los miércoles, el presidente Rodrigo Chaves indicó que la decisión de iniciar este procedimiento legal está basada en el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República del 17 de setiembre de 2020.
La Procuraduría establece que estas pensiones se deben mantener con el tope que mencionaba la Ley de Pensiones de Hacienda al momento de recibirla.
Basado en ello, el monto de las pensiones que reciben los exlegisladores no debe superar el salario de un diputado actual, es decir, tres millones 982 mil 371 colones, cerca de cinco mil 800 dólares.
De ser positivo este proceso de lesividad, el gobierno ahorrará anualmente tres mil 536 millones 865 mil 547 colones, alrededor de cinco millones 150 mil dólares, por el pago excesivo de las pensiones a esos 78 exdiputados.
«Estamos trabajando en ordenar la casa, no puede ser que en Costa Rica haya personas que reciban más dinero del que la ley permite, esto se tiene que acabar. Esperamos que este proceso sea favorable porque las finanzas del Estado lo necesitan con urgencia», resaltó el presidente tico.
De su lado, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, María Eugenia Esquivel, adelantó que además de los procesos de lesividad su cartera solicitará una investigación a la Auditoría Interna de la Dirección Nacional de Pensiones, para determinar las causas por las que se promovieron dichos aumentos.
Durante la conferencia de prensa Chaves y varios de sus ministros firmaron tres decretos ejecutivos, dos de ellos relacionadas con la decisión oficial de bajar el precio del arroz al consumidor final.
El primero establece la reducción de los aranceles de importación del cereal y el segundo elimina el precio de referencia de compra que debe utilizar el industrial al comprarle al productor.
El tercer decreto está referido a la importación de vehículos eléctricos, en particular a la firma del nuevo reglamento de la modificación a la ley que se aprobó hace menos de tres meses, el cual aclara temas como incentivos fiscales, repuestos, baterías eléctricas y dispensadores de carga.
Esta actividad marcó el regreso del mandatario tico al trabajo presencial, pues desde el miércoles de la semana anterior permaneció en teletrabajo por padecer la influenza AH1N1.
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