Los exmilitares iniciaron esta medida de presión por la supuesta violación a sus derechos, ante la negativa de representantes del Instituto del Veterano a escuchar sus demandas y darles una solución.
El sargento Ricardo González, vocero de los manifestantes, denunció que le niegan el acceso al Instituto, a pesar de que fue electo y juramentado para ocupar un puesto en su directiva.
González afirmó que el gobierno de El Salvador lo removió del cargo de manera arbitraria y en medio de supuestas amenazas, por lo cual presentó hace cinco meses una demanda ante la Fiscalía.
La administración del presidente Nayib Bukele aumentó de 50 a 100 dólares la pensión mensual para unos 94 mil excombatientes de la guerra civil, que llevan meses de protestas por el retraso en los pagos.
Sin embargo, González aseguró que el gobierno incumplió sus promesas de darle a veteranos y exguerrilleros tierras, créditos preferenciales, programas para vivienda digna y atención médica.
El conflicto armado en El Salvador dejó unos 75 mil muertos y miles de desaparecidos y lisiados, amén de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos, la mayoría perpetrados por efectivos del Ejército.
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