El sismo fue el segundo más mortífero desde el ocurrido en 2010 en la capital del país, y un año después la situación aún es delicada para los damnificados, algunos de los cuales aún viven en refugios transitorios o tiendas de campaña sin acceso a los servicios básicos.
El primer ministro, Ariel Henry, reconoció que la tragedia aún sacude la vida cotidiana de los residentes de la región y aseguró que el Gobierno no escatima en esfuerzos ni sacrificios para apoyar a las víctimas de la catástrofe.
Recordó que las autoridades elaboraron un plan de recuperación y reconstrucción que respeta las normas de urbanización en consonancia con los objetivos de Desarrollo Sostenible.
Según una evaluación gubernamental, al menos 850 mil personas resultaron damnificadas por el terremoto y son necesarios dos mil millones de dólares para levantar la región.
En una conferencia internacional para recaudar fondos, los países prometieron donar 600 millones de dólares que permitirán costear el primero de los cuatro años previstos por las autoridades para reconstruir los departamentos Nippes, Sur y Grand Anse, los más afectados por el temblor.
El movimiento telúrico tuvo lugar el 14 de agosto del pasado año y como consecuencia casi 13 mil personas sufrieron heridas, mientras mil 250 escuelas y 95 centros de salud se derrumbaron o dañaron poniendo en peligro la educación de 300 mil niños y jóvenes.
Aún muchas de esas instituciones no se reconstruyeron y la situación se agravó por la crisis de seguridad provocada por los grupos armados que bloquean los accesos entre la capital y la zona sur.
Además de la inseguridad, persiste la crisis política que impide el establecimiento de un proyecto para rehabilitar la región, mientras Henry continúa en el puesto con cada vez menos legitimidad y sin alcanzar un verdadero acuerdo político.
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