El gobierno francés y la Unión Europea (UE) estudian propuestas para congelar activos y prohibir viajes a quienes obstruyen la formación del ejecutivo libanés.
París lideró los esfuerzos para agilizar la nominación de gabinete en el país con costas al mar Mediterráneo oriental, pero las facciones clave en el tema continúan haciendo caso omiso de ese llamamiento.
Líbano carece de una alineación gubernamental efectiva desde el 10 de agosto de 2020 a raíz de la renuncia del colectivo encabezado por el primer ministro interino Hassan Diab.
La instalación de un gobierno allanaría prometida ayuda para la economía libanesa que hace aguas por la peor crisis en décadas, incluso peor a la experimentada durante la guerra civil de 1975-1990.
Empero, para enviarla, la comunidad internacional demanda reformas estructurales que solo pudiera aprobar un gabinete en ejercicio total.
Los donantes e inversionistas sospechan que la elite gobernante libanesa se apropió de los recursos y dinero remitidos para ayudar a la nación de los cedros.
Muchos cuestionan sobre el paradero de unos 95 mil millones de dólares, la actual deuda externa libanesa, pues hay evidencias de un destino sórdido.
La opinión popular culpa a la clase dominante de la corrupción, saqueo y mala gobernanza que llevó a la actual situación.
Esa percepción es notoria en el enriquecimiento de unos pocos y del hundimiento por debajo de umbral de la pobreza de más de la mitad de la población.
A las penurias de los libaneses se agregaron la explosión en el puerto de Beirut que causó pérdidas por miles de millones de dólares y la paralización económica como resultado de medidas para combatir la Covid-19.
Entretanto, las figuras clave en la elección y aprobación de gobierno, el presidente Michel Aoun y el primer ministro designado Saad Hariri, mantienen una discordia sobre cómo distribuir carteras en el próximo ejecutivo sin que vea la luz al final del túnel.
Ni siquiera escuchan una iniciativa del titular del parlamento, Nabih Berri, que establecería equilibrio de cargos entre cristianos y musulmanes como establece la Constitución.
De ahí que la Unión Europea, Estados Unidos y la comunidad árabe analicen propuestas para imponer el gobierno libanés más cercano a sus intereses.
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