Varias organizaciones ambientalistas, apoyadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), llamaron a la administración Bukele a rectificar su estrategia para el desarrollo de esta nación centroamericana.
En un comunicado, dichos colectivos estimaron que ‘el rumbo que lleva El Salvador, con una estrategia basada en megaproyectos, es un camino erróneo’, y defendieron la pertienencia del tratado de marras.
El Acuerdo de Escazú, impulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), entró en vigor el jueves con la ratificación de 12 naciones, y la firma inicial de una docena más.
La iniciativa establece mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones de proyectos que amenacen los ecosistemas, y ofrece garantías para la seguridad de los defensores de los derechos ambientales.
Para la sociedad civil salvadoreña, integrar al país al Acuerdo de Escazú ‘es esencial para crear garantías sobre el legítimo derecho del pueblo a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sustentable presente y futuro’.
Por ello instaron a Bukele a enviar un mensaje robusto de que El Salvador honrará sus compromisos en materia ambiental multilateral para apoyar el cumplimiento de la Agenda 2030 para la sostenibilidad.
El Salvador es una de las naciones más vulnerables al cambio climático, pero la administración Bukele se negó a suscribir el Acuerdo de Escazú, por estimar que dos de sus artículos afectaban los planes de desarrollo local.
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