En declaraciones al diario Página 12, la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula Litvachky, explicó que las normas de la inteligencia en aquellos años dificultan la definición de su estructura y datos como la cantidad de empleados y el presupuesto que poseía.
El funcionamiento de esa entidad, bajo el más absoluto secreto, y la posibilidad de sus integrantes de infiltrarse en organizaciones sociales y partidos políticos hacen que sea complicada la indagación al respecto. Por eso, reclamamos políticas de desclasificación de archivos, impulsadas por el Estado, indicó.
Por su parte, la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, Andrea Pochak, afirmó que la inteligencia fue el sistema medular del aparato represivo de la dictadura.
El Programa Verdad y Justicia trató de desentrañar durante los últimos años cómo funcionaba. Sin embargo, debido a la división de tareas, muchos de sus responsables permanecen impunes, pues los sobrevivientes, principales testigos del proceso, rara vez tuvieron contacto con ellos para poder identificarlos y reconocerlos, apuntó.
La víspera, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación anunciaron que se investigarán el papel y los crímenes cometidos por la agente Isabelita, quien se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo, según reveló recientemente Página 12 y continúa sin ser juzgada.
Según las investigaciones realizadas, esa mujer estaría implicada en el secuestro y asesinato de las fundadoras de esa organización Esther Ballestrino, Azucena Villaflor y María Ponce, y de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet.
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