En un comunicado, la organización perteneciente al Grupo de Puebla instó a la comunidad internacional y a organismos de Derechos Humanos a detener la guerra jurídica y mediática en este país y otros de la región.
La persecución contra Rafael Correa y sus seguidores en Ecuador, el encarcelamiento del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en 2018 para impedirle llegar a elecciones, son ejemplos de la sistematicidad y permanencia del lawfare en Latinoamérica, con un alto impacto en la política y la justicia social, señaló el texto.
Asimismo, denunció la creciente judicialización de la política, correspondiente con la pérdida de independencia e imparcialidad de ese poder.
“La gravedad de la situación fue alertada en un informe de la relatoría especial sobre independencia judicial de los magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas en 2019”, indicó.
El Clajud criticó el papel de los grandes medios de comunicación y las redes sociales en los intentos de criminalizar a la ex jefa de Estado argentina mediante la creación de espectáculos sobre las causas y la publicación de noticias falsas.
En el período comprendido entre 2015 y 2019, Fernández enfrentó más de una de una docena de procesos en su contra, la mayoría de estos impulsados por los mismos jueces, fiscales y otros miembros del Poder Judicial que tenían vínculo con el entonces presidente, Mauricio Macri, apuntó el texto.
Además, hay pruebas de que el Ejecutivo diagramó operativos de vigilancia e inteligencia contra Fernández y sus allegados. Existen escuchas ilegales filtradas en múltiples programas de televisión, radio y periódicos, añadió.
Asimismo, señaló la falta de evidencias en la causa Vialidad, por la cual la fiscalía pidió 12 años de prisión para la vicemandataria y su inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos.
Esto demuestra fuertes indicios de manipulación del caso con fines políticos. Un hecho contundente es que el juez Gustavo Hornos, integrante de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, visitó a Macri en la Casa Rosada el 31 de octubre de 2017, dos días antes de dictar el procesamiento de Fernández, indicó.
La titular del Senado de esta nación enfrenta un juicio por supuestas violaciones en la adjudicación de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
En múltiples ocasiones, denunció ser víctima de un acecho sin precedentes y recordó que un tribunal de ese territorio sobreseyó la causa por inexistencia de delito.
Tras la condena solicitada por el fiscal Diego Luciani, Fernández pidió ampliar su declaración indagatoria, pero no le fue permitido.
Luego de esa negativa, el juicio seguirá el 5 de septiembre con los alegatos de las defensas, los cuales podrían extenderse tres meses.
La sentencia del tribunal se conocería a fines de este año y la apelación ante la Cámara Federal de Casación ocurriría en 2023, tras lo cual el caso pasaría a la Corte Suprema.
Ni Casación, ni la Corte tienen plazos reglamentados para resolver, dejando margen al uso político de la causa en vísperas de las elecciones presidenciales del año próximo, alertó el Clajud.
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