Así lo determinó el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, quien lo vinculó a proceso judicial por delitos contra la Administración de Justicia, tortura y desaparición forzada, según el actual Código Penal Federal.
El magistrado expuso sus argumentos y más adelante los abogados del acusado y el Ministerio Público entrarán en la discusión para establecer medidas cautelares.
Es decir, si el juez dicta prisión preventiva justificada o proceso en libertad con restricciones para salir del país, entrega de su pasaporte y firmar cada 15 días el libro de procesados, posibilidad a la cual se oponen familiares de los jóvenes.
Durante la diligencia los ministros públicos señalaron que los detenidos, vía por las cuales se llegó a Murillo, fueron torturados durante sus aprehensiones y en el traslado a la Fiscalía General de la República. En su mayoría fueron detenidos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, así como personal de la Policía Federal.
La defensa de Murillo Karam alegó entonces que en la responsabilidad el procesado no estaba conocer de los hechos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, estado de Guerrero.
Las evidencias de participación y responsabilidad en los delitos que se le atribuyen, echaron abajo tales argumentos.
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