Durante una conferencia, el órgano de administración de la Asociación de Empleados Públicos renovó sus llamamientos al paro con el propósito de corregir los sueldos de los trabajadores, la compensación cambiaria, las asignaciones de transporte, el precio del combustible y modificar las prestaciones sociales, médicas y hospitalarias.
Igualmente, la autoridad sindical exigió mejorar las subvenciones educativas para asegurar lo que describió como el nivel mínimo aceptable de vida decente lejos de la miseria y la humillación, divulgó el canal Al-Manar.
Por su parte, los empleados de Alfa y Touch reclamaron corregir el desequilibrio en el valor de los salarios después de negociaciones y consultas con las direcciones de las dos empresas sin llegar a un resultado positivo.
De esta manera, los trabajadores cerraron todas las sucursales y puntos de venta en los principales centros de las compañías de celulares y en las regiones, además de paralizar el proceso de recarga de tarjetas y atención al cliente, informó la Agencia Nacional de Noticias.
Tanto el Sindicato de Ingenieros en Beirut como los empleados de Alfa y Touch saludaron cualquier esfuerzo para ayudar a encontrar una solución que preserve integralmente el derecho del trabajador libanés.
Estas convocatorias acompañan la declaratoria de huelga abierta de alrededor de 400 jueces, quienes desde hace dos semanas suspendieron sus funciones debido al agravamiento de la crisis en el sector mediante la injerencia política en los expedientes judiciales y el intento de socavar la investigación, la dignidad y entorpecer el trabajo.
Durante los meses de junio y julio, el impacto de la crisis y el alto costo de las condiciones de vida arrastraron a los empleados de la mayoría de los sectores públicos del país a un paro indefinido, para detener prácticamente el funcionamiento de las instituciones.
La aprobación de una serie de medidas del gobierno en funciones disminuyó el fervor de la huelga y de manera paulatina volvieron a retomar el trabajo bajo el reclamo de una respuesta justa a los problemas de convivencia, económicos, financieros y la política oficial de indiferencia.
Inflación del 890 por ciento, salario mínimo mensual menor a 25 dólares, devaluación de la moneda y 2,2 millones de personas necesitadas de alimentos ejemplifican las dificultades de los libaneses, de acuerdo con entidades especializadas de Naciones Unidas.
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