Convocamos a todos los peronistas a lo largo y ancho de nuestro suelo patrio, en todas las unidades básicas y sedes partidarias, a mantenerse unidos, organizados y movilizados, en alerta permanente, para defender la verdadera democracia y los derechos conquistados, señala un comunicado de esa organización.
El texto insta también a respaldar a “la más importante líder del pueblo argentino” y condena el mecanismo de lawfare (guerra jurídica) utilizado contra ella.
Al igual que sucediera con Luiz Inácio Lula Da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia, entre otros, se utiliza el aparato judicial con apariencia de legalidad para deslegitimar los procesos políticos de dignificación, soberanía y defensa de la Patria Grande, apunta el documento.
El Estado de Derecho se encuentra peligrosamente jaqueado por la acción sistémica de los poderes reales que arman causas contra quienes representan y luchan por los intereses populares, mientras garantizan la impunidad de los saqueadores que endeudaron al país, comprometiendo el presente y futuro de millones de argentinos, añade.
Además, denuncia que “sectores del poder judicial y del Ministerio Público Fiscal decidieron ser personeros de los perpetradores de esa ignominia, erigiéndose en protagonistas siniestros del circo que solo logra evidenciar el miedo que le tienen a una mujer sin miedos”.
El comunicado critica las violaciones a los derechos y garantías constitucionales en procesos amañados concebidos por quienes juegan al fútbol en la residencia del expresidente Mauricio Macri.
«Nuestro movimiento debió resistir la feroz persecución contra sus dirigentes en más de una oportunidad a lo largo de la historia. Sostenemos y hacemos propias las palabras de Fernández: Este no es un juicio a Cristina, sino contra el peronismo, los gobiernos nacionales y populares, y quienes peleamos por la memoria, la verdad y la justicia», señala.
Durante la última audiencia acusatoria de la llamada Causa Vialidad, el fiscal Diego Luciani solicitó una condena de 12 años en prisión para la también titular del Senado y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras en la provincia de Santa Cruz de 2003 a 2015.
En una comparecencia televisada, la expresidenta demostró los lazos ilícitos entre empresarios, funcionarios, jueces, fiscales y Macri; y denunció la inexistencia de evidencias en su contra, así como las violaciones cometidas en el juicio.
Según medios locales, durante una reunión de la dirección del PJ el presidente Alberto Fernández propuso la celebración de una movilización masiva para apoyar a la vicemandataria, la cual pudiera tener lugar el 16 de septiembre.
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