La idea es aprovechar el esquema de comercialización de créditos, que se obtienen al disminuir las emisiones, para venderlos a entidades públicas o privadas incapaces de cumplir con los requisitos de reducción.
Estos mecanismos apoyan la trasferencia de emisiones entre países y al mismo tiempo incentivan al sector privado a invertir en soluciones amigables con el clima, explicó Faustin Munyazikwiye, director general adjunto de la Autoridad de gestión ambiental de Ruanda.
Las autoridades ruandesas pretenden emplear esos fondos para aumentar la cobertura forestal del país –actualmente del 30,4 por ciento- y hacer crecer la economía de manera sostenible.
El comercio de créditos de carbono está regulado a nivel mundial a través de la convención marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático y sus orígenes se remontan a 1997, cuando el protocolo de Kioto estableció el carbono como un producto comercializable.
África emite menos del tres por ciento de gases globales a la atmósfera, sin embargo, países como Ruanda tienen como objetivo reducir sus emisiones en un 38 por ciento para 2030.
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