En el Día Internacional de las personas detenidas-desaparecidas, dicho organismo aseguró que continuará trabajando por la reparación de los daños causados a las víctimas y la sanción a los responsables de esas graves violaciones.
Esta fecha, celebrada desde 2010 por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, tiene como objetivo “honrar la memoria de los desaparecidos y exigir el derecho a la verdad y la justicia”, señaló una publicación de la Secretaría en su perfil oficial en la red social Twitter.
Tras el golpe de Estado de 1976 contra el gobierno de María Estela Martínez de Perón, este país vivió los momentos más oscuros de su historia bajo una dictadura militar que hasta 1983 provocó la desaparición, secuestro, tortura y asesinato de más de 30 mil ciudadanos.
Por decretos de Raúl Alfonsín (1927-2009, primer presidente tras el retorno a la democracia), en 1983 fue creada la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.
En 1985 comenzó el proceso contra los responsables de esos crímenes, entre ellos Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens, Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo.
La Cámara Federal condenó a Videla y a Massera a reclusión perpetua; a Agosti a cuatro años y seis meses de prisión; a Viola a 17; y a Lambruschini a ocho; en tanto, Graffigna, Galtieri, Anaya y Lami Dozo fueron absueltos.
La sentencia de cinco de los nueve procesados fue considerado un hecho histórico y contra la impunidad del terrorismo de Estado.
No obstante, los familiares y amigos de las miles de víctimas continuaron demandando la continuidad de las investigaciones y la aplicación de las justicia contra todos los responsables de los delitos cometidos.
Según recordó la periodista y escritora Stella Calloni en varios artículos sobre el tema, ante presiones militares y políticas, en 1986 y 1987 fueron aprobadas por el Congreso las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que establecieron la impunidad para centenares de acusados.
Los jefes militares quedaron en prisión, pero fueron indultados por el expresidente Carlos Menem (1930-2021) en 1989 y 1990.
Tras su llegada al gobierno en 2003, Néstor Kirchner (1950-2010) implementó medidas para separar de las Fuerzas Armadas a los responsables de aquellos hechos, transformar los centros clandestinos de detención y anular las leyes que permitieron a los culpables evitar las condenas correspondientes.
Desde entonces fueron procesados más de 500 exmilitares y policías por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.
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