La encuesta semanal Plaza Pública señala, además, que el rechazo se disparó en la misma etapa de 73 a 82 por ciento.
El estudio refleja que el mandatario se vio arrastrado por el repudio generalizado a su decisión de llevar al Tribunal Constitucional una reforma constitucional, aprobada por aplastante mayoría en el parlamento, para un tercer retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones.
Esa sería una medida extrema para que la población pueda enfrentar la difícil situación económica ocasionada por la pandemia de la Covid-19 ante las insuficientes y tardías ayudas del Gobierno.
Al respecto, el sondeo arrojó que 87 por ciento de los entrevistados expresó su desacuerdo con esa decisión, el mismo porcentaje manifestó su apoyo al proyecto legislativo y 72 de cada 100 aseguraron estar dispuestos a retirar sus ahorros de jubilación aun a riesgo de quedarse sin fondos.
Plaza Pública señala como datos significativos que la caída de respaldo al gobernante se reflejó esta vez mayormente en los sectores de clase media (-16 por ciento), y entre aquellas personas que se dicen identificadas con oposiciones de derecha o centro (-16 y -17 puntos, respectivamente).
También descendió en picada, con 17 puntos porcentuales menos, entre quienes votaron por Piñera para presidente.
El viernes último la Cámara de Diputados aprobó el proyecto del retiro del 10 por ciento en su último trámite, con una aplastante mayoría que evidenció el aislamiento en que se encuentra el Gobierno.
La iniciativa, impulsada por la oposición, recibió 119 votos a favor, 17 en contra y tres abstenciones, y con ello quedó listo para ser promulgado, pero esto fue impedido por el ejecutivo, que el martes presentó un requerimiento en el Tribunal Constitucional (TC) para echar abajo la reforma.
Legisladores de todas las tendencia criticaron agudamente al presidente, al que le achacan estar desconectado de la realidad del país e incluso lo llamaron a retirar la impugnación en el TC.
El repudio a esa decisión también se expresó en la calle, con protestas y cacerolazos que se multiplicaron por todo el país desde el momento en que el Gobierno presentó su requerimiento ante el TC.
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