En medio de una campaña mediática que a diario da por culpable de corrupción al jefe de Estado, un grupo de legisladores de derecha y centro-derecha avanza un nuevo proyecto de vacancia, con la esperanza de obtener los votos que faltan para retirar a Castillo.
Los promotores presionan a legisladores de centro que no han votado por la vacancia en los dos intentos fracasados en poco más de un año de la administración vigente, para que apoyen la medida, que requiere de mayoría calificada de dos tercios.
Para ello, argumentan que deben apoyar la moción para deslindar de la corrupción en aparato estatal en la que están supuestamente involucrados, según el testimonio, sin pruebas conocidas, de dos empresarios indagados por ese delito.
Sin embargo, el tercer intento es visto con escepticismo por la extrema derecha, como lo expresó uno de sus exponentes, el congresista y general retirado José Williams.
Ese sector político, que intenta deponer al gobernante desde el inicio de su gestión, espera que los resultados de las indagaciones del Ministerio Público a Castillo por cinco casos de presunta corrupción convenzan a quienes no apoyan la vacancia.
Williams señaló que la opción de las elecciones de un nuevo presidente y nuevos congresistas solo podría usarse en última instancia y alegó que el problema supuestamente es el Gobierno y no el Congreso, aunque este tiene una aprobación ciudadana de ocho por ciento frente a un ascendente 29 por ciento de aval a Castillo.
El primer ministro Aníbal Torres dijo a su vez que el parlamento puede legalmente aprobar una disposición transitoria de la Constitución para convocar elecciones generales adelantadas.
Advirtió sin embargo que “No podemos ir a un adelanto de elecciones sin modificar la Constitución, ni con la misma clase política; si queremos mejorar, hay que corregir todo eso a través de una modificación de la Constitución”, declaró.
Las bancadas de extrema derecha y sus aliados de centro tienen lo que llaman un “Plan B”: forzar una acusación de infracción constitucional contra Castillo, por la cual una mayoría simple podría suspenderlo e inhabilitarlo para el ejercicio de la presidencia.
El jurista Luciano López, partidario del “Plan B”, declaró que basta para echarlo a andar invocar la sospecha de la Fiscalía, asumida por un juez, de que el presidente habría ocultado a su hija política, Yenny Paredes, cuando la Fiscalía allanó la residencia presidencial del Palacio de Gobierno para detenerla.
La congresista Silvana Robles, de Perú Libre, calificó el citado plan como “un golpe de Estado judicial” pues carecería de sustento legal y sería solo un ardid parlamentario golpista.
La exministra de la Mujer Anahí Durand advirtió a su vez que, por el desprestigio del legislativo, “ninguna salida a la crisis que provenga de este Congreso tendrá legitimidad y menos traerá estabilidad al país”.
Para el analista político Iván Hurtado “existen problemas estructurales en nuestro país que no se van solucionar simplemente con la salida del presidente Pedro Castillo”.
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