El gobernante hizo el anuncio durante la posesión de siete directivos del Estado, acto en el cual indicó que dichos bienes pueden estar evaluados en millones de pesos colombianos.
«Aquí se va a configurar la posibilidad de que los bienes de extinción de dominio de los narcotraficantes -en su doble faceta, los ya extinguidos y los que están en proceso de extinción- pasen a la economía popular», resaltó.
De acuerdo con el gobernante, en este proceso está el inicio de la reforma agraria en el país, uno de los puntos más importantes de su programa de gobierno.
«Hay que lograr que los bienes concebidos ilícitamente pasen a la gente del pueblo colombiano (…). Ahí está el inicio, en estos tres meses, de la reforma agraria», subrayó y aludió a las posibles trabas en este proceso de entrega por parte de sectores poderosos que se beneficiaban con dichos recursos.
Aseguró que ahora los entregarán «a los campesinos, a las asociaciones de mujeres, a las posibilidades de sedes universitarias, a las cooperativas de jóvenes para producir, entonces ahí sí van a surgir los argumentos en contra».
La extinción de dominio en Colombia es un mecanismo jurídico establecido por la Ley 1708 del 20 de enero de 2014, a través del cual se permite el embargo de bienes privados que hayan sido adquiridos, utilizados y destinados para actividades ilícitas.
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