“Estableceremos sistemáticamente un marco para que los servicios médicos se brinden con certeza en caso de una emergencia”, señaló el primer ministro, Fumio Kishida, en la 97 reunión del grupo de trabajo a cargo del enfrentamiento a la pandemia.
Las sanciones se impondrán a los hospitales de atención médica avanzada y a los de apoyo regional ante violaciones contractuales, los cuales perderán sus designaciones especiales y la posibilidad de ser elegibles para la remuneración preferencial por servicios médicos, reseñó la prensa nacional.
Serán penalizadas también las personas sospechosas de poseer el SARS-Cov-2 que ingresen al territorio nacional y no informen sobre su estado de salud durante el periodo de cuarentena, como parte de los protocolos de bioseguridad.
Estas medidas integran un nuevo paquete gubernamental dirigido al manejo de futuras contingencias sanitarias, el cual incluye además la creación de una agencia de gestión de crisis de enfermedades infecciosas, comunicó la oficina de Kishida.
Asimismo, se establecerá un mecanismo para la atención ambulatoria, el refuerzo de las funciones e infraestructura de los centros de salud, el aseguramiento de suministros, la mejora del sistema de vacunación y la garantía de la eficacia de las medidas preventivas.
Los proyectos de ley que ampararán las sanciones a hospitales y personas naturales, así como el surgimiento de la nueva instancia oficial, se discutirán este año en una reunión extraordinaria de la Dieta (Parlamento bicameral) y en la sesión ordinaria de 2023 respectivamente.
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