La convergencia de injurias, agravios y acusaciones infundadas promueven un clima propicio para ejecutores dispersos o programados, pero que responden a colectivos sociales, políticos e ideológicos, señala un comunicado de los dirigentes provinciales.
Asimismo, indica que “la investigación judicial debe esclarecer de inmediato los móviles y la posible existencia de autores intelectuales, pues el material ya se encuentra detenido y al arma se le realizan los peritajes correspondientes”.
Este hecho de inusitada gravedad requiere un protagonismo activo del sistema político para buscar un pacto democrático por la paz, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la plena vigencia de las instituciones, afirma el texto.
El intento de magnicidio a nuestra vicepresidenta debe constituir un punto de inflexión política en Argentina. El límite es la intolerancia y la incitación a la violencia. No es posible construir una sociedad democrática mediante la proliferación de discursos que destilan odio, añade.
Por otra parte, critica el papel de algunos medios de comunicación en la generación de actos de ese tipo.
“Es el acontecimiento más grave ocurrido en estos casi 40 años ininterrumpidos de democracia. Argentina es una tierra de paz. De nosotros depende mantenerla y sostenerla”, apunta.
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