Tras las votaciones del 24 de agosto, la Comisión Nacional Electoral (CNE) comunicó los resultados definitivos, los cuales avalaron el triunfo al Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) con el 51,17 por ciento de los votos.
Alrededor de 3,2 millones de ciudadanos respaldaron en las urnas al gobernante MPLA, de tal forma, aseguró 124 de los 220 escaños de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) para el mandato 2022-2027.
No obstante, el Tribunal Constitucional (TC) confirmó ayer la existencia de reclamaciones por dos de las ocho entidades participantes en la competencia: la Unita y la coalición de partidos CASA-CE.
La directora de la Oficina de Asesoría Técnica y Jurisprudencia del TC, Aida Gonçalves, explicó que la corte debe verificar la legitimidad de los recursos a partir de las razones de hecho y Derecho, antes de proceder a su consideración.
De iniciarse un proceso contencioso, el TC notificará de inmediato a la CNE para que presente sus contras alegaciones, en un plazo de 72 horas, con los mismos elementos exigidos en los demandantes, indicó.
El director de la Oficina de Partidos Políticos del TC, Mauro Alexandre, aclaró que ninguno de los dos procesos interpuestos está referido a nulidad de las elecciones.
Según la CNE, la Unita obtuvo el 43,95 por ciento de los sufragios válidos (más de 2,7 millones), mientras CASA-CE (Amplia Convergencia por la Salvación de Angola–Coalición Electoral) conquistó el 0,76 por ciento (47 mil 446).
La Unita logró 90 puestos de diputados (la cifra más alta de su historia) y CASA-CE quedó sin representación parlamentaria, y en ambos casos reclaman un mejor posicionamiento como fruto de los comicios.
Otro foco de conflicto son las protestas de ciudadanos en distintas provincias por el incumplimiento de los compromisos de pago por sus servicios como delegados de lista (veedores) durante los sufragios del 24 de agosto.
Delegados de listas de la Alianza Patriótica Nacional, el Partido de Renovación Social, CASA-CEy el Frente Nacional de Liberación de Angola aseguran que todavía no han recibido la remuneración prometida.
La Procuraduría General de la República dijo estar en conocimiento de las diversas manifestaciones de descontento, acompañadas de actos de vandalismo, los cuales constituyen delito, celebró la decisión de quienes acudieron al camino lícito, con reclamos ante el Servicio de Investigación Criminal y el Ministerio Público, e instó a las entidades partidistas a honrar sus obligaciones.
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