Ayer volvió a fracasar un intento de llegar a un acuerdo, pero ni los contrarios a la ley consiguieron los ocho votos requeridos de 11, ni los defensores pasaron de los cuatro que la desean mantener.
Por lo tanto, el ponente de la propuesta para eliminarla o inaplicarla, magistrado Luis María Aguilar, solicitó un nuevo tiempo para analizar los argumentos de sus compañeros, modificar su proyecto o mantenerlo.
Los argumentos de los cuatro defensores de esa medida cautelar son sólidos porque se basan en lo constituido, como advirtió la ministra Margarita Ríos.
Según ella, la Constitución es lo más importante porque es la suma de todos los entendidos sociales, el máximo pacto de armonía social, las reglas bajo las cuales la nación mexicana, la sociedad misma, dijo que quería vivir.
“Nos corresponde, dijo, interpretar de la manera más responsable y armoniosa ese pacto, no desbaratarlo. Considero, muy respetuosamente, que eso instauraría de facto un gobierno de jueces”, advirtió.
Por su parte, el ministro Mario Pardo Rebolledo señaló que quienes impulsaron acciones de inconstitucionalidad, la CNDH y senadores de minoría, ni siquiera impugnaron la Constitución, solo las leyes secundarias que incluyen a la PPO, por lo cual la SCJN no tiene bases para involucrarse en ese tema.
Otro de los defensores consideró que la SCJN no tiene atribuciones para expulsar norma alguna del texto constitucional, pero sí de interpretarla de la forma más favorable y funcional.
Si la prisión preventiva oficiosa ya no equivale a la imposición automática de esa medida cautelar, sino que oficiosamente la decretará el juez si observa que es necesaria, no hay motivo de invalidez, inconvencionalidad o inconstitucionalidad en las normas secundarias que en este apartado se propone invalidar, explicó a su vez la ministra Ríos.
El gobierno defiende que se mantenga la PPO por cuando eliminarla daría más posibilidad de corrupción dentro del Poder Judicial como se ha observado con la liberación por presuntas fallas judiciales o intrascendentes, de reos de gran prontuario delincuencial y evidencias de culpabilidad muy fuertes.
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