La reacción, generalizada a la población mexicana que repudia el execrable crimen de los estudiantes bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, es motivada por el juez Samuel Ventura Ramos del juzgado tercero de distrito en materia penal, en Tamaulipas, quien absolvió al exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, de responsabilidad en la matanza.
Un argumento baladí, como que el Ministerio Público Federal no aportó pruebas suficientes que acreditarán la acusación después de varios años de investigación y encarcelamiento del sujeto, fue al que le echó mano el magistrado para liberarlo de culpas.
Llama la atención el que fuera ese mismo funcionario quien también liberó a 77 presuntos perpetradores implicados en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa al principio del proceso de investigación iniciado por el actual gobierno, pues en el de Peña Nieto todo fue una farsa como demostró la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia que preside Alejandro Encinas.
Es muy sintomático que ese juez actuara ahora de esa forma y a su libre albedrío cuando a finales de agosto la comisión rindió un extenso informe para poner al desnudo la mentira elaborada por el gobierno anterior para cerrar el caso judicialmente, llamada “verdad histórica”, que no fue ni lo uno ni lo otro.
En ese informe, de amplísima difusión en el país, la comisión hace referencia a la exoneración de esos 77 inculpados, incluidos en ese grupo policías corruptos, militares y muy en particular delincuentes de Guerreros Unidos, el cártel autor material de la matanza y posterior desaparición de los jóvenes.
Abarca emergió entre los principales autores intelectuales de la masacre, y en ese informe se señala que la orden de desaparecer a los 43 la dio “El A1”, presuntamente seudónimo del exalcalde, quien actuó con cabecillas de Guerreros Unidos y autoridades de los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal.
Por suerte, las autoridades penitenciarias no le dieron la libertad y el reo mantendrá esa condición de aprehensión pues se encuentra sujeto a proceso penal por el homicidio de los activistas Arturo Hernández Cardona, dirigente de la Unión Popular Campesina Emiliano Zapata, y sus compañeros Félix Bandera Román y Ángel Román Ramírez, en hechos ocurridos en junio de 2013.
Además, la resolución de ese juez de dudosa honestidad, en favor de Abarca, será recurrida por la Fiscalía General y el caso sería analizado por un tribunal unitario a solicitud de la comisión investigadora.
El acusado fungía como alcalde de Iguala aquel fatídico día del asesinato brutal de los 43 jovencitos y el informe muestra abrumadoras evidencias que lo involucran en lo sucedido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, junto con policías bajo su jurisdicción de su municipio, Huitzuco y Cocula, quienes actuaron en la detención de los muchachos y su posterior entrega a los mafiosos.
Encinas aseveró que la FGR tiene elementos sobrados para apelar este desafortunado acto de impunidad por parte del juzgado de Tamaulipas.
Familiares de los 43 alertaron a las autoridades federales de una actuación perniciosa de la justicia, ámbito en el cual la corrupción y el tutelaje continúan imperando, con el riesgo de que se mantenga la impunidad heredada de los gobiernos de Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox.
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