Sería pecar de falta de objetividad tirar hacia un lado u otro, porque hay hechos difíciles de evaluar. Según medios de prensa es anticonstitucional decretar el régimen de excepción, extendido al menos hasta el 18 de octubre, y que permitió detener sin orden judicial a poco más de 52 mil presuntos pandilleros.
Esa medida que suspende la libertad de asociación, el derecho a la defensa que tiene un procesado, extiende el plazo de detención preventiva de tres a 15 días y faculta la intervención de las comunicaciones, es algo rayano a la ilegalidad, según expertos locales.
Además, destacan los especialistas, resulta difícil de asimilar para un pueblo que enfrentó décadas de regímenes militares, de opresión y muerte.
No es un problema entender la necesidad de enfrentar el mal de las pandillas, detener a delincuentes, entre ellos, cabecillas, palabreros, prestanombres, miembros activos dedicados al sicariato como oficio y colaboradores.
El problema es apresar personas inocentes que al parecer no tienen nada que ver con las maras, cualquiera sea su denominación, Mara Salvatrucha (MS-13) o Barrio 18.
El régimen de excepción es constantemente criticado y desaprobado por organizaciones defensoras de derechos humanos, por considerar que la medida representa un mecanismo para irrespetar derechos de los detenidos, quizás con algo de verdad pero también con una gran dosis para interferir en los asuntos internos del país
Es un océano de contradicciones el que enfrenta un foráneo cuando mira desde la orilla. Para algunos es faltar a la ética y mantenerse al margen pero en fin, es estar entre la espada y la pared.
Este 15 de septiembre cientos de integrantes de organizaciones populares partieron de la Plaza de la Salud, frente al hospital Rosales, y se dirigieron a la Plaza Libertad, en una marcha en la que reclamaban derechos que dicen están recogidos en la constitución y que ahora son presuntamente violados.
Son muchas las interrogantes. Miembros de organizaciones marcharon en protesta contra la reelección presidencial inmediata, el régimen de excepción y el alto costo de la vida.
Cuando situaciones como estas se dieron años atrás en países no lejanos, como en la Honduras de Manuel Zelaya, manos poderosas terminaron con los intentos. Artículos “pétreos” de constituciones no se pueden tocar. Aquí, extrañamente no pasa lo mismo, estiman observadores.
Este pueblo se va a movilizar especialmente en contra del estado de excepción, del alto costo de la vida, de la reelección, no queremos un país que va rumbo a la dictadura, expresó Morena Murillo, de Asamblea de Feministas, una de las que marcharon contra el gobierno.
Mientras, integrantes de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares y del Bloque de Rebeldía y Resistencia Popular (BRP) también dejaron su mensaje contra el régimen de excepción.
En las protestas participaron Walter Raudales, del Movimiento Izquierda Salvadoreña (MIS), quien aseguró que expresaba su descontento contra «el régimen y su autoritarismo», Rubén Zamora, exembajador de El Salvador en Washington, quien sostuvo que es necesario “no permitir que se destruya la Constitución y la democracia”, entre muchos notables salvadoreños.
Para otros activistas locales algo no está bien en El Salvador pese a las simpatías que despierta su presidente, Nayib Bukele, en muchas partes del mundo, por su política independiente de los dictados de Estados Unidos.
Sin embargo, está en mano del pueblo elegir sus caminos y Bukele está en el Palacio de Gobierno porque el pueblo lo puso allí.
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