El pleito iniciado por el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael Hernández, persigue que se invalide la Ley 167-2020, aprobada por el PNP tras perder el control de la Legislatura en las elecciones pasadas.
El anexionismo se propone celebrar unos comicios especiales con vistas a escoger el 16 de mayo seis delegados para impulsar en Washington la anexión de la isla.
Hernández, del Partido Popular Democrático (PPD), incluyó en su reclamo legal a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el gobernador Pedro R. Pierluisi, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado, y al ministro de Hacienda Francisco Parés, debido al gasto que representa en medio de la quiebra fiscal.
La elección de los seis cabilderos anexionistas, dos en el Senado y cuatro en la Cámara de Estados Unidos, costará 1,8 millones de dólares.
Además, cada uno cobrará 174 mil dólares anuales provenientes de fondos del gobierno de Puerto Rico, para ‘honrar la voluntad del pueblo’, según Pierluisi, ya que en la consulta paralela a las elecciones generales del 3 de noviembre de 2020, hubo 665 mil 505 personas (52,5 por ciento) que dieron su aval a la anexión a Estados Unidos.
La jueza Taylor señaló que el PNP no pudo demostrar que no está adecuadamente representado en la controversia, ya que uno de los demandados es su presidente, Pierluisi, además de Rosado.
El PNP sostuvo que los funcionarios están impedidos de defender los intereses de una colectividad política, lo que la jueza rechazó al sostener que la postura de Pierluisi y de Rosado incluyen los mismos argumentos legales del partido.
El secretario general del PNP, Carmelo Ríos, acusó antes de la decisión de la jueza federal a Hernández de usar fondos públicos ‘para evitar que se cumpla el mandato mayoritario del pueblo para buscar la estadidad (anexión)’.
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